El Petiso David aseguró que nunca vendió drogas y para explicar su patrimonio se reconoció usurero

Walter Lobos dijo que aprendió el "oficio" de su padre y que se lo enseñó a varios de sus doce hijos.

Detenido en el penal de Benjamín Paz y a la espera de definiciones sobre su situación procesal, Walter “Petiso David” Lobos rompió el silencio en el marco de la causa en la que está acusado de lavado de activos y tráfico de drogas. Durante su declaración indagatoria, el hombre rechazó de plano las imputaciones: “Droga no vendo, ni vendí nunca”, afirmó ante la Justicia.

Lobos, conocido en el ambiente por su exposición en redes sociales —donde mostraba supuestos collares de oro que luego aclaró eran de fantasía, además de imágenes de viajes al exterior—, ya había sido detenido en octubre pasado tras un procedimiento policial vinculado a un tiroteo, en el que se secuestraron cinco kilos de marihuana. En paralelo, avanzaba una investigación por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con la pesquisa encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, el imputado, presuntamente vinculado al clan “Los Gardelitos”, habría desarrollado desde 2012 hasta 2025 una estructura destinada a incorporar al circuito legal bienes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la usura. El monto estimado de esas operaciones ronda los $500 millones.

La acusación sostiene que Lobos no actuaba solo. Según los investigadores, montó una red familiar para sostener estas maniobras, en la que figuran su actual pareja, Ana Sofía Pompone Míguez; su ex esposa, María Valeria Linch; sus hijos Giselle, Abal, Román y Katya; y su madre, Mercedes Galván. En ese contexto, el grupo habría adquirido vehículos de alta gama, contratado múltiples seguros y realizado viajes a destinos internacionales como Brasil, México, Italia, Qatar, República Dominicana, Estados Unidos y Ecuador.

El expediente también detalla movimientos financieros considerados incompatibles con los ingresos declarados. Se menciona, por ejemplo, que Pompone Míguez —registrada como empleada pública— habría operado en un período de tres años sumas superiores a los $300 millones, mediante transferencias y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales y cuentas digitales, sin respaldo documental que justifique el origen de los fondos.

Frente a este escenario, Lobos ofreció su versión. Reconoció que se dedicaba a prestar dinero, actividad que, según dijo, aprendió de su padre. Explicó que su pareja accedía a créditos bancarios a corto plazo, con tasas cercanas al 4%, y que ese dinero luego era prestado con intereses mensuales de entre el 15% y el 25%. “Por los montos que manejábamos, $300 millones no son nada”, argumentó.

También sostuvo que obtenía ingresos a través de comisiones por la venta de inmuebles y vehículos que terceros le confiaban. Esa línea defensiva apunta a justificar tanto el volumen de dinero que manejaba como los bienes registrados a su nombre, pese a no contar con actividad laboral formal ni figurar como empleado.

En su declaración, el imputado brindó además detalles sobre su vida personal. Indicó que es padre de 12 hijos, con quienes mantiene vínculos estrechos, y señaló que algunos cursan estudios universitarios. “A todos les enseñé algo de mi profesión: ser oportunistas para los negocios”, expresó. También afirmó que sus ingresos mensuales oscilan entre los tres y cuatro millones de pesos, con variaciones estacionales que, según dijo, aumentan en invierno.

Consultado sobre su relación con el sistema financiero, explicó por qué no abrió cuentas bancarias en el período investigado. “No confío en los bancos. Además, no me gusta perder toda una mañana para que me atiendan”, manifestó.

Respecto de la imputación por narcotráfico, Lobos aseguró haberse enterado recientemente de esa línea investigativa y pidió que se profundicen las averiguaciones. “No tengo ningún problema y agradecería que se investigue bien”, concluyó.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando en la Justicia federal, donde se analizan los elementos reunidos para determinar si existió una estructura organizada destinada a canalizar dinero de origen ilícito hacia el circuito legal.