Walter “Kabuby” Aráoz, concejal de Yerba Buena, fue acusado de violencia y maltrato por su par Gabriela Garolera

Según la exposición de la edil Gabriela Garolera, el ataque de Aráoz se debió a un proyecto de ordenanza de su autoría que impulsa la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios.

Una denuncia por presunta violencia política, institucional y psicológica abrió un nuevo foco de tensión en el Concejo Deliberante de Yerba Buena y derivó en un fuerte cruce entre dos ediles, con versiones contrapuestas y la amenaza de acciones judiciales en ambos sentidos.

La presentación fue realizada el viernes por la concejal Gabriela Garolera, quien dejó asentado en sede policial que habría sido increpada por su par Walter “Kabuby” Aráoz durante el desarrollo de una reunión de Labor Parlamentaria. Según su relato, el edil se presentó alrededor de las 11.30, antes de que concluyera el encuentro, y la abordó con una actitud intimidante, acompañada de malos tratos.

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el episodio estaría vinculado a la presentación de un proyecto de ordenanza impulsado por Garolera, que propone la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios. En ese marco, la concejal sostuvo que la reacción de Aráoz se produjo en ese contexto de discusión política.

La edil también dejó constancia de un antecedente previo: afirmó que el 30 de septiembre de 2025 habría atravesado una situación similar, que incluyó actos de hostilidad y destrato. En su presentación solicitó que se analice el caso con perspectiva de género.

Entre las medidas requeridas, Garolera pidió el cese inmediato de cualquier conducta intimidatoria, la prohibición de acercamiento tanto a su domicilio como a su despacho, y la adopción de dispositivos de seguridad específicos de cara a la sesión prevista para el jueves.

Desde la otra vereda, Aráoz negó de manera categórica los hechos denunciados. Aseguró que se trata de una acusación falsa y sostuvo que no mantuvo ningún tipo de contacto con la concejal durante la reunión, ni siquiera visual o verbal.

El edil afirmó además que no fue notificado formalmente por la Justicia, pero anticipó que avanzará con una contra denuncia. En ese sentido, expresó su intención de llevar el caso hasta las últimas instancias, incluso solicitando la expulsión de Garolera del cuerpo deliberativo.

Asimismo, adelantó que pedirá al presidente del Concejo, Javier Jantus, la emisión de un comunicado institucional que refleje lo ocurrido durante la reunión de Labor Parlamentaria. “Quiero que se diga exactamente lo que pasó. Voy a ir a la Justicia y ella deberá probar lo que afirma”, manifestó.

Con ambas partes firmes en sus posiciones y el conflicto ya judicializado, el caso abre un nuevo capítulo de tensión política en el ámbito legislativo municipal, donde ahora será la Justicia la que deba determinar el alcance y la veracidad de los hechos denunciados.