El abogado de la familia de Érika Alvarez acudirá a la justicia federal por una posible conexion narco

La pesquisa tras violenta muerte de Erika siempre estuvo bajo la sombra del narcotráfico, tendencia que ahora podría generar la intervención de la justicia federal con asiento en Tucumán.

La causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesa una semana clave, marcada por decisiones judiciales que agravan la situación del principal acusado y por nuevas líneas de investigación que podrían ampliar el alcance del expediente más allá del homicidio.

El dato más relevante se produjo el lunes, cuando la Justicia resolvió que Felipe “El Militar” Sosa deberá afrontar cargos por femicidio, una calificación que endurece el escenario procesal. Ese mismo día, además, se revocó su sobreseimiento en una causa vinculada a estupefacientes, lo que suma presión sobre su situación judicial.

En paralelo, la querella comenzó a empujar una hipótesis que introduce un nuevo eje de análisis: la posible conexión del caso con el narcotráfico. 

Carlos Garmendia, abogado de la familia de la víctima, anticipó que realizará una presentación ante la Justicia Federal para que se investigue esa línea. “Voy a poner en conocimiento al fiscal federal Agustín Chit sobre determinadas circunstancias que surgieron durante la investigación”, explicó.

Hasta ahora, la teoría central del fiscal Pedro Gallo sostiene que Érika fue asesinada el martes 7 de enero en la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. En el expediente ya están imputados, además del principal acusado, Justina Gordillo —su pareja al momento del hecho—, Nicolás Navarro Flores —su amigo— y Jorge “Chicho” Díaz —empleado de sus empresas—, todos procesados por encubrimiento.

Sin embargo, la posible derivación hacia una investigación narco no surge de pruebas directas sobre el homicidio, sino de elementos colaterales que comenzaron a aparecer durante la pesquisa. En ese marco, Garmendia puso el foco en una figura clave: Carlos Ferreyra, conocido como “El Paraguayo” o “El Mayor”, con quien la víctima habría mantenido una relación.

Según detalló, este hombre tenía antecedentes por liderar una organización dedicada al transporte aéreo de marihuana y había sido detenido en 2021 en Alberdi para enfrentar cargos en Chaco. Tras recuperar la libertad, habría regresado a Tucumán en 2023.

El abogado sostiene que existía un vínculo sentimental entre Ferreyra y la joven, pero también desliza que podría haber sido utilizada como nexo en reuniones donde se abordaban cuestiones vinculadas al tráfico de drogas. Incluso mencionó la posible participación de efectivos policiales en esos encuentros y aseguró contar con una fotografía tomada en una vivienda de El Cadillal.

En paralelo, otra línea apunta directamente hacia Sosa. Según la querella y algunos testimonios incorporados al expediente, el imputado podría haber tenido participación en la comercialización de drogas sintéticas, particularmente en el circuito de fiestas electrónicas.

Esa hipótesis se apoya, entre otros elementos, en las declaraciones de Justina Gordillo, quien afirmó que conocía que su ex pareja se dedicaba a la venta de éxtasis al menos desde hacía dos años. A esto se suma la versión de que Sosa habría sido proveedor de una organización liderada por César Fernández Facio, procesado por distribución de este tipo de sustancias.

Además, investigadores no descartan que el acusado, en su rol empresarial, haya utilizado personal de su entorno para la venta de drogas en estos eventos, especialmente tras un acuerdo que permitió retomar las fiestas electrónicas bajo un esquema de seguridad privada.

El testimonio más comprometedor en este sentido provino de Nicolás Navarro Flores. El imputado por encubrimiento declaró que el mismo 7 de enero recibió de Sosa una piedra de cocaína —estimada en unos 200 gramos— junto a una caja de herramientas cerrada con candado. Según su relato, tras la detención del principal acusado decidió abrirla y encontró en su interior troqueles de drogas sintéticas, que luego arrojó al inodoro.

Sus defensores confirmaron esa versión y señalaron que están dispuestos a entregar la caja para que sea sometida a peritajes. Desde otras defensas, en cambio, relativizan el alcance de estas revelaciones. Juan Pablo Bello, abogado de “Chicho” Díaz, sostuvo que las cantidades mencionadas no corresponden a consumo personal, aunque aclaró que su defendido no tiene conocimiento sobre esa posible actividad.

Por su parte, los abogados de Sosa evitaron pronunciarse sobre el pedido de la querella, aunque reiteraron que su asistido no estaba vinculado al narcotráfico y que padecía problemas de adicción.

Así, la causa se encuentra en un punto de inflexión. Mientras la imputación por femicidio consolida la acusación principal, la aparición de indicios vinculados al circuito de drogas abre un frente paralelo que podría trasladar parte de la investigación al fuero federal.

El desafío para la Justicia será delimitar con claridad qué elementos forman parte del crimen y cuáles corresponden a un entramado más amplio que, por ahora, se insinúa pero aún no ha sido plenamente probado. En ese equilibrio, el expediente crece en complejidad y en incertidumbre, con múltiples líneas abiertas que todavía no convergen en una reconstrucción definitiva de los hechos.