El Gobierno tucumano impulsa una nueva ley para garantizar la inclusión escolar de alumnos discapacitados

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo impone la incorporación de los docentes especiales como parte del esquema general educativo, sin necesidad de que su rol activo sea impuesto por una decisión médica.

Apenas transcurridos dos días desde el inicio del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el Poder Ejecutivo de Tucumán envió su primer proyecto de ley del año 2026. La iniciativa propone crear un nuevo marco normativo orientado a asegurar la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo provincial, con el objetivo de eliminar la necesidad de que las familias deban gestionar o financiar por su cuenta el acompañamiento escolar.

El proyecto, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por la ministra de Educación Susana Montaldo, plantea reorganizar el servicio de inclusión educativa en la provincia. Entre sus principales cambios, propone incorporar a los docentes de apoyo a la inclusión como parte estable de la estructura de las escuelas de educación obligatoria y, al mismo tiempo, dejar sin efecto la actual Ley 9.575.

La iniciativa establece como propósito central garantizar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad accedan a una educación de calidad mediante un enfoque integral e interdisciplinario. Para ello, la propuesta contempla un trabajo articulado entre docentes de grado, docentes de educación especial y equipos técnicos, con el fin de favorecer el acceso al conocimiento y promover la autonomía de los estudiantes para su desenvolvimiento social una vez finalizada la etapa escolar.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el modelo actual, basado en la demanda individual de docentes de apoyo para cada alumno con discapacidad, puede derivar en una mirada excesivamente médica de las trayectorias educativas. Según se explica, la relación rígida de “un docente de apoyo por estudiante” y el predominio de diagnósticos clínicos en las decisiones pedagógicas conllevan el riesgo de patologizar las infancias y adolescencias.

El documento también recoge aportes bibliográficos, entre ellos el trabajo de las especialistas Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, autoras del libro Las promesas incumplidas de la inclusión (Noveduc, 2020). Allí se plantea que muchas familias temen que sus hijos queden fuera del sistema educativo y, ante la falta de respuestas institucionales, terminan asumiendo individualmente la búsqueda de soluciones.

Según ese enfoque, cuando el sistema educativo delega la responsabilidad en las familias, suele generarse un proceso en el que cada niño recibe un diagnóstico médico y se recurre a la contratación de personal externo. Esto provoca que distintos profesionales ingresen a las aulas para acompañar a los estudiantes, aunque muchas veces sin formar parte del proyecto institucional ni de una estrategia pedagógica integrada.

El proyecto reconoce que la presencia de docentes de apoyo puede resultar una herramienta valiosa para acompañar las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, advierte que su rol debe definirse en función de las necesidades reales de cada alumno.

En ese sentido, se plantea que la figura del denominado “docente sombra”, que acompaña de manera permanente durante toda la jornada escolar, podría limitar el desarrollo personal del estudiante y su capacidad para enfrentar desafíos de manera autónoma. Por ese motivo, la iniciativa propone que el acompañamiento se utilice como una estrategia temporal, orientada a fortalecer habilidades sociales y académicas que permitan una futura inserción educativa y laboral.

El nuevo esquema prevé que cada institución educativa cuente con un docente de apoyo a la inclusión que forme parte de su plantel. Ese profesional tendrá la función de intervenir en las situaciones que lo requieran, trabajando de manera coordinada con el equipo técnico y regulando su intervención de acuerdo con las particularidades de cada estudiante.

Desde el Ejecutivo remarcaron que uno de los objetivos centrales del proyecto es garantizar que las familias no deban realizar trámites administrativos ni contratar profesionales externos para acceder a este acompañamiento educativo.

De aprobarse la iniciativa, el sistema educativo provincial asumirá directamente la responsabilidad de brindar ese servicio de manera automática y gratuita, evitando que los padres recurran a procesos judiciales o a gastos particulares para garantizar la inclusión escolar de sus hijos.