Cometió un femicidio que sacude a toda Salta y días después se escapó de la cárcel en chancletas
Familiares de Natalia Cruz reclamaron airadamente que el femicida sea encontrado, ante la sospecha de que su fuga en condiciones tran precarias, haya contado con ayuda desde adentro de la fuerza policial salteña.
A nueve días del femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, Salta, la investigación ya no se centra únicamente en localizar a Orlando Serapio, principal sospechoso y expareja de la víctima, sino también en esclarecer cómo logró mantenerse prófugo tras huir con escasa preparación, vestido con remera gris, pantalón corto y chinelas, sin que hasta ahora haya sido hallado.
La familia de la mujer sostiene que resulta improbable que el acusado haya sobrevivido más de una semana en los cerros sin agua, alimentos ni abrigo, por lo que alimentan la hipótesis de que no se encuentra oculto en la zona montañosa sino que habría escapado con ayuda de terceros hacia otros puntos e incluso cerca de la frontera con Bolivia. Según afirman, el sospechoso habría dejado su vehículo oculto, contaría con un teléfono celular y tarjetas que podrían ser rastreadas, además de haber recibido ropa, abrigo y apoyo logístico. “Él no pudo hacerlo solo”, repiten los allegados.
El malestar social derivó en una protesta encabezada por familiares y vecinos, quienes interrumpieron la circulación en la ruta nacional 51 desde las 6.30 de la mañana con panfletos en mano. La medida no respondió a reclamos gremiales ni políticos, sino que buscó exigir avances concretos en la búsqueda del presunto femicida. Algunos conductores manifestaron su molestia por el corte hasta conocer los motivos, tras lo cual el clima cambió, aunque dejó en evidencia el cansancio social frente a la falta de respuestas oficiales.
Azucena, hermana de la víctima, expresó entre lágrimas que cuando Natalia solicitó ayuda antes del crimen le informaron que no había personal disponible, mientras que ahora el lugar se encuentra colmado de efectivos. La frase sintetiza la sensación de abandono estatal que denuncian los familiares, quienes aseguran que debieron salir a reclamar justicia por sus propios medios mientras el acusado sigue libre.
Desde la Policía de Salta, el jefe Diego Bustos indicó que 61 efectivos participan de los rastrillajes, con la colaboración de canes especializados y una investigación interna en marcha para determinar eventuales fallas. Explicó que la geografía de la zona montañosa dificulta las tareas operativas, aunque prometió novedades en las próximas horas. No obstante, la familia cuestiona que la búsqueda esté concentrada en un área equivocada y sostiene que deberían reforzarse controles en rutas hacia localidades como Güemes, La Caldera o caminos que conducen al norte provincial y a la frontera.
El dato aportado por Belén, hermana de la víctima y primera persona en observar la huida del sospechoso en chinelas, se convirtió en un símbolo del desconcierto: si alguien en esas condiciones logra desaparecer durante más de una semana, sostienen, el problema trasciende al fugitivo y alcanza al funcionamiento del sistema de seguridad.
En paralelo, se abrió un nuevo frente investigativo para determinar por qué el día del crimen, el 17 de febrero, no había custodia policial pese a las denuncias previas por violencia de género. La confirmación de una pesquisa interna en la fuerza, informada por Bustos, apunta a establecer si existieron responsabilidades que pudieron haber evitado el desenlace fatal.
El director general de Investigaciones, Oscar Chocobar, se reunió con la familia de Natalia y les comunicó que su área se encuentra abocada exclusivamente a localizar al acusado. Sin embargo, el reclamo apunta también a esclarecer la secuencia previa al femicidio, marcada por reiteradas denuncias y pedidos de protección que no lograron frenar la escalada de violencia.
La primera presentación judicial se remonta a noviembre de 2025 y describía un hostigamiento persistente por parte de Serapio. Posteriormente se dictaron restricciones perimetrales, ratificadas el 3 de febrero. El 9 de ese mes, el sospechoso habría ingresado por la ventana trasera del domicilio del barrio Luz y Fuerza, en presunta violación de la medida, ocasión en la que la víctima logró escapar y acudir a la Policía. El 14 de febrero, Natalia amplió la denuncia y solicitó expresamente custodia fija.
El 17 de febrero, horas antes del crimen, la mujer volvió a presentarse en la comisaría de Campo Quijano junto a su hermana. Allí le informaron que la orden de custodia para su vivienda había sido emitida, pero que no había efectivos disponibles para cumplirla, ya que se encontraban abocados a otras tareas operativas, según fuentes ligadas al caso. Horas después fue brutalmente golpeada por su expareja, quien escapó del lugar; la víctima fue hallada con un cable alrededor del cuello y falleció poco después.
El caso, que ya conmocionó a la comunidad, instala una doble incógnita: no sólo dónde se encuentra el principal acusado, sino también por qué los mecanismos de protección no funcionaron a tiempo para evitar el femicidio. Mientras continúan los rastrillajes en la zona serrana, el reclamo de justicia se amplifica y pone bajo la lupa el accionar del sistema de seguridad y prevención frente a situaciones de violencia de género.
