Qué dice el comunicado que emitieron los abogados del imputado por el crimen de Érika Antonella Alvarez
FELIPE "EL MILITAR" SOSA. Sus abogados pusieron en tela de juicio algunos de los elementos que, según trascendió, habrían sido considerados al momento de su detención.
Los abogados de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el homicidio simple de Erika Antonella Alvarez, volvieron a pronunciarse públicamente sobre el avance de la causa y pusieron en tela de juicio algunos de los elementos que, según trascendió, habrían sido considerados al momento de su detención.
“La transparencia del proceso exige que las hipótesis se construyan sobre prueba concreta y el análisis integral de todas las líneas de investigación abiertas. La verdad procesal se construye en el expediente”, afirmaron Marcelo Cosiansi y Rubén Flores en un nuevo comunicado dirigido a la opinión pública.
Los letrados centraron parte de su planteo en uno de los argumentos que se habrían utilizado al ordenar la captura de su defendido: la supuesta existencia de un pasaporte entre sus pertenencias, interpretado como un indicio de posible fuga.
En ese sentido, sostuvieron que “no fue secuestrado ni consignado pasaporte alguno en el procedimiento de arresto” y remarcaron que el acta de procedimiento es el documento público que deja constancia detallada de los objetos hallados durante la detención.
“Aquello que no se encuentra individualizado ni consignado en dicho instrumento no integra el cuadro fáctico acreditado en el expediente”, señalaron.
Incluso advirtieron que, si se pretendiera sostener que el documento estaba comprendido dentro de una categoría genérica de efectos personales, su eventual hallazgo debió haber sido expresamente individualizado.
“Tratándose de un documento público cuya supuesta existencia fue utilizada mediáticamente como indicio de fuga, debió haber sido consignado de manera específica en el acta”, afirmaron.
En otro tramo del escrito, los defensores aludieron a la relación que, según familiares de la víctima, Sosa mantenía con Érika desde hacía al menos tres años, vínculo que habría sido conocido por el entorno de ambos. “Resulta relevante que, conforme a esas manifestaciones, no se haya referido la existencia de amenazas previas, insultos ni episodios de violencia atribuidos a nuestro defendido durante ese período”, indicaron.
También señalaron que ambos atravesaban situaciones de consumo problemático, circunstancia que —a su criterio— debe analizarse dentro del contexto general del hecho y no utilizarse de manera selectiva para sustentar hipótesis incriminatorias.
Cosiansi y Flores reiteraron además que no existe controversia respecto del lugar donde ocurrió el hecho investigado. “Lo que a la fecha no se encuentra determinado es la dinámica concreta de lo sucedido ni el grado de participación individual que pudiera corresponder a cada persona involucrada”, expresaron.
En cuanto al estado de la prueba pericial, la defensa sostuvo que la autopsia se encuentra en una etapa preliminar y que la determinación técnica de la mecánica de muerte requiere conclusiones definitivas. Asimismo, recordaron que causas anteriores en las que intervino Sosa concluyeron con sobreseimiento, lo que —según remarcaron— extingue jurídicamente toda imputación y no genera antecedentes penales.
En paralelo, se informó que el fiscal federal Agustín Chit apeló la resolución que había dispuesto el sobreseimiento de Sosa en una causa vinculada a estupefacientes, lo que abre un nuevo frente judicial mientras avanza la investigación principal que conduce el fiscal Pedro Gallo.
