Venta ilegal de tierras fiscales: una declaración comprometería a funcionarios, empleados públicos y comisionados comunales
Varios ex funcionarios de la repartición eliminada por orden de Osvaldo Jaldo están comprometidos en la investigación judicial.
A medida que avanza la investigación por el escandaloso caso del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, nuevos testimonios y documentos revelan conexiones directas con las maniobras ilegales detectadas en la venta de tierras fiscales en El Cadillal. El fiscal Miguel Varela, a cargo de ambas causas, recibió en las últimas horas declaraciones clave que podrían comprometer a funcionarios, empleados públicos y comisionados comunales.
La pesquisa comenzó a profundizarse tras la aparición de pruebas que evidencian cómo operaban los loteadores: tomaban tierras del Estado, las cercaban y, si no eran detectados, las dividían y comercializaban sin autorización. Para concretar las ventas, citaban a compradores en distintas escribanías y emitían boletos de compraventa sin validez legal. En muchos casos, utilizaban terceros para figurar como titulares y evitar rastreos.
Tanto en el “Loteo Gaucho Castro” como en al menos 16 barrios de El Cadillal, se habrían vulnerado normativas clave, ya que ninguno contaba con los informes de factibilidad exigidos por ley. Estos documentos deben certificar la viabilidad ambiental, de infraestructura y servicios básicos, como agua potable y electricidad, antes de autorizar cualquier urbanización.
Según las pesquisas, una vez vendidos los terrenos, los gestores iniciaban gestiones apócrifas para simular legalidad. A través de constancias falsas —expedidas presuntamente desde la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat— o firmadas por comisionados rurales, afirmaban que los trámites de escrituración estaban en curso.
El mecanismo implicaba presentar planos de mensura sellados como “recibidos” por la Dirección General de Catastro, aunque no eran válidos. Usaban códigos internos diferentes para el ingreso de los expedientes, que al ser detectados por el organismo, derivaban en la anulación del proceso. No obstante, para entonces, ya se habían vendido los lotes a decenas de personas.
En 2022, la Provincia modificó la ley que permitía la venta regular de tierras en El Cadillal. El programa ofrecía una alternativa legal para los ocupantes irregulares: comprar los terrenos mediante licitación, con pago al contado o en cuotas, y obtener la escritura. La propuesta incluía la reubicación de quienes vivían en zonas no aptas para edificación. Sin embargo, apenas 400 de los más de 3.000 interesados accedieron al plan.
La gestión del proceso quedó en manos de Regularización Dominial (para terrenos de hasta 500 m²) y del Ente de Turismo (hasta 3.000 m²). Sin embargo, la designación de personal sin controles suficientes terminó habilitando un circuito de irregularidades. “Le dieron al lobo a cuidar las ovejas”, resumió Marina Espeche, víctima de una estafa.
Una red de empleados públicos participaba del esquema. Rafael Trujillo, agente de Regularización Dominial, ofrecía sus servicios en El Cadillal. Los vecinos debían presentar mensuras a través de sus compañeros Maximiliano Barreiro y Domingo Zossi, a cambio de entre $ 180.000 y $ 240.000. Posteriormente, Gustavo Lagarrigue y Norma Silva ingresaban los trámites con códigos falsos, confiando en que pasarían desapercibidos. “Me la jugué yendo por izquierda”, admitió Mario Coronel, uno de los tantos engañados.
Cuando Catastro detectó la maniobra, el titular del área, Alejandro Navarro, ordenó suspender todos los trámites en El Cadillal. Citó a los involucrados, varios de los cuales entregaron videos donde se observa a empleados contando dinero dentro de sus oficinas. La semana pasada, se presentó una denuncia penal contra cinco agentes. Algunos, como Trujillo y Barreiro, también figuran en la causa del “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga al exsubsecretario Fernando Rogel Chaler.
Los comisionados Jorge Cruz (El Mollar) y Dante Delgado (El Cadillal) quedaron en la mira. Cruz firmó una nota de factibilidad de agua potable tres años después de que se iniciara la venta de terrenos. También firmó un convenio con Catastro para evitar ocupaciones en tierras fiscales, pero terminó comprando y vendiendo dos lotes en ese mismo barrio.
Delgado, por su parte, admitió haber realizado gestiones en el marco del plan de regularización, aunque aclaró que fue durante su campaña. Sin embargo, un vecino declaró que lo asesoró ya como comisionado. Además, se sospecha que con maquinaria comunal abrió un camino de dos kilómetros, supuestamente para pescadores, pero que en realidad llevaría a un loteo.
La Unidad Fiscal Especial avanza en la unificación de pruebas que puedan establecer conexiones entre ambas causas. Las declaraciones y evidencias materiales aportadas en los últimos días permitirían no solo determinar responsabilidades administrativas, sino también profundizar imputaciones por delitos como fraude contra la administración pública, asociación ilícita, falsedad documental y estafas reiteradas.
