¿Jaldo el libertario no va a hacer nada?: Múltiples usurpaciones y estafas en El Cadillal perpetradas por empleados estatales
Dante Delgado, titular de la comuna de El Cadillal, en la imagen junto a Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, dos imputados por esta causa, fue señalado por varios damnificados.
El testimonio de Luis Zivillica, un vecino afectado por la venta irregular de tierras fiscales en El Cadillal, volvió a poner en el centro de la escena el escándalo por las maniobras ilegales vinculadas a la ya disuelta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. La denuncia involucra no solo a empleados estatales, sino también a delegados comunales que habrían facilitado el negocio ilícito de escrituraciones fraudulentas y loteos fuera de la normativa vigente.
Al gobernador libertario no parece importarle demasiado, ya que no se reefirió al tema ni hubo acciones directas que puedan ayudar a esclarecer los hechos rápidamente.
Zivillica relató cómo compró un terreno de 2.100 metros cuadrados en el barrio Ampliación Villa del Parque. “De Guatemala pasé a guatepeor”, declaró al describir cómo primero fue estafado por quienes le vendieron el lote y luego por funcionarios del Estado que le prometieron regularizar su situación a cambio de dinero. Como él, miles de familias aseguran haber sido víctimas del mismo mecanismo.
El caso de Zivillica no es aislado. Los barrios Villa del Lago, Los Guayacanes, La Trinidad y El Vallecito también fueron escenario de loteos presuntamente ilegales. Según los testimonios, a los compradores se les entregaban boletos de compraventa basados en mensuras fraguadas, en lugar de escrituras, lo que dejaba a las familias sin respaldo jurídico real sobre las tierras.
“Nos engañaron desde todos los frentes. Incluso la comuna cobra impuestos y Rentas sella documentos relacionados con estas operaciones. ¿Cómo es posible que el Estado no detecte que se están vendiendo tierras fiscales?”, cuestionó el denunciante.
Por su parte, Luciana Albornoz, vecina de Villa del Lago, explicó: “No somos usurpadores. Nos estafaron y queremos una solución para las más de 3.000 familias afectadas”.
La Dirección General de Catastro ya había presentado denuncias penales contra cinco empleados de la ex Subsecretaría de Regularización Dominial, tras detectar que habrían cobrado importantes sumas de dinero por supuestos trámites de escrituración que nunca se concretaron. Entre los implicados figuran Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro, Pablo Zossi, Gustavo Lagarrigue y Norma Silva.
En ese contexto, Zivillica brindó un dato revelador: en noviembre de 2024, el actual comisionado de El Cadillal, Dante Delgado, le habría recomendado iniciar los trámites con Trujillo. “Me pidió que dividiera mi lote en cuatro partes para que entrara dentro del plan y que contratara un agrimensor. Pagué $960.000, pero hasta hoy no hicieron nada”, denunció.
Este testimonio marca la primera vez que se vincula directamente a Delgado con las gestiones irregulares durante su mandato, más allá de su conocida participación cuando era candidato.
El plan de regularización dominial lanzado por el Gobierno preveía la venta de tierras fiscales mediante licitación a quienes cumplieran con ciertos requisitos. Sin embargo, de los 3.000 interesados potenciales, sólo 400 completaron el trámite, debido a que numerosos funcionarios intermedios ofrecían una “vía rápida” paralela, por fuera de la ley, cobrando por gestiones que nunca avanzaron.
Según Catastro, los implicados entregaban constancias apócrifas, habilitando a los compradores a solicitar servicios básicos como luz y agua, aún cuando los terrenos no eran legalmente suyos. Además, existen videos donde se ve a empleados estatales recibiendo dinero en sus oficinas, presentados como prueba en la Justicia.
“Los vecinos están organizándose”, afirmó Albornoz. “Queremos que se inicie un nuevo plan legal, transparente, que nos permita comprar las tierras al Estado como corresponde”. Zivillica concluyó: “No es justo que por culpa de la corrupción nos quedemos sin casa. El Estado debe responder”.
A medida que avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, crece la presión sobre el Gobierno provincial para que diseñe una nueva política de ordenamiento territorial en El Cadillal que contemple el acceso legal a la tierra de miles de familias afectadas.
