Investigan a un asesor financiero de Tucumán por presuntas estafas: el perjuicio podría superar los $400 millones
Dos inversores denunciaron pérdidas por $53 millones tras confiar su dinero a un asesor que prometía ganancias del 10% mensual. La investigación podría sumar al menos cinco casos más y apunta a un posible esquema Ponzi. Un asesor financiero tucumano, identificado como A.M.R. y titular de NSR Finanzas, fue denunciado por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con la captación de inversiones.
Según las presentaciones judiciales, ofrecía rendimientos del 10% mensual, pero luego habría dejado de pagar los intereses y devolver el capital.
Hasta el momento, dos denuncias reúnen un perjuicio de $53 millones, aunque la cifra podría superar los $400 millones si se confirman otros cinco casos que estarían vinculados con el acusado.
Uno de los damnificados aseguró que entregó $30 millones en junio de 2025 y que, meses después, no logró recuperar el dinero. El segundo denunciante afirmó haber aportado $23 millones en enero de 2022. Este último también sostuvo que el asesor le recomendó solicitar préstamos mediante Mercado Pago y los bancos BBVA y Santander, con el compromiso de pagar las cuotas. Además, denunció que habría tomado el control de sus cuentas, gestionado nuevos créditos y realizado compras con su tarjeta Visa.
El abogado de los denunciantes, Juan Guerrero, afirmó que existirían al menos cinco hechos más y que algunas personas no se animaron a denunciar por vergüenza o resignación.
Según el letrado, cuando sus clientes reclamaban el dinero, el asesor les habría pedido esperar porque otros inversores estaban retirando sus fondos. Para la defensa, esto podría ser un indicio de un mecanismo similar a un esquema Ponzi.
Guerrero también aseguró que NSR Finanzas habría dejado de operar en Tucumán y que el denunciado estaría desarrollando actividades similares en Salta.
Por ahora, la causa se encuentra en una etapa preliminar y todavía no se realizó la audiencia de formalización. No existe una resolución judicial que determine la responsabilidad penal del asesor.