Cómo impactará la eliminación de 59 tasas municipales en el bolsillo de los tucumanos
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones impulsada por la intendenta Rossana Chahla. La medida busca simplificar trámites y reducir costos, aunque la oposición cuestionó la falta de datos precisos sobre el ahorro y el impacto en la recaudación municipal.
La ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Municipal.
Entre los principales cambios figura la eliminación de los aranceles de los certificados de Libre Deuda y Cumplimiento Fiscal, que cuestan $4.600 cada uno, y de determinados trámites administrativos que cobran $1.150 por la primera hoja y $460 por cada adicional.
Según las estimaciones del Ejecutivo, quienes realicen varias de estas gestiones podrían ahorrar hasta $11.500. Sin embargo, la reforma no representa una reducción general de los impuestos municipales, sino que beneficia a quienes utilizan los servicios alcanzados.
Los 59 conceptos corresponden a nueve dependencias municipales, entre ellas Ingresos Municipales, Catastro, Vía Pública y Cementerios. La eliminación también alcanza aranceles relacionados con kioscos, ferias, food trucks, mesas y sillas en espacios públicos, permisos de refacción sin planos y depósitos de materiales.
No obstante, los comerciantes deberán seguir cumpliendo con las habilitaciones, autorizaciones y controles exigidos por las normas vigentes.
El oficialismo defendió la medida como una herramienta para reducir la burocracia. Emiliano Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Hacienda, sostuvo que los conceptos eliminados representan alrededor del 1,5% de la recaudación municipal.
Desde la oposición, Alfredo Terán de Zavalía acompañó la iniciativa, aunque consideró que tendrá poco impacto en el bolsillo. Ana González, de Compromiso Tucumán, anunció la abstención de su bloque y calificó la propuesta como electoral. Carlos Ale tampoco votó el proyecto.
En tanto, Gustavo Cobos y Leandro Argañaraz reclamaron información sobre la recaudación y la cantidad de contribuyentes beneficiados. Por su parte, Cristian Abel respaldó la eliminación de cobros que consideró innecesarios, mientras que Gonzalo Carrillo Leito pidió impulsar políticas productivas para reducir la dependencia de los ingresos tributarios.
La ordenanza también elimina una contribución vinculada con la inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas por redes. Sin embargo, como el concepto está judicializado, todavía no se sabe si habrá un efecto directo en las facturas de los usuarios.
El municipio argumentó que administrar algunos cobros demanda recursos elevados en relación con lo que recaudan, pero el expediente no incluyó datos detallados para comprobarlo.
El próximo paso será la publicación oficial de la ordenanza. Mientras tanto, el ahorro dependerá de los trámites que realice cada vecino y aún no se conoce el impacto total de la medida sobre las finanzas municipales.
