Financiamiento universitario: la Justicia multó a Diego Santilli por incumplir una orden judicial
El juez federal Martín Cormick fijó una sanción de $100.000 por cada día de demora para el jefe de Gabinete. La medida busca que el Gobierno cumpla con la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios y con los fondos destinados a becas estudiantiles.
La Justicia federal impuso este miércoles una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien hizo efectivo un apercibimiento previo ante la falta de cumplimiento de la orden judicial. La sanción podrá modificarse tanto en su monto como respecto de los funcionarios alcanzados. La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado la aplicación de multas al sostener que las obligaciones todavía no se habían cumplido.
Según el expediente, el Gobierno había recibido intimaciones previas y un plazo de cinco días, que luego fue prorrogado por otro período igual. Tras vencer ese plazo sin que el juez considerara acreditado el cumplimiento total de la medida, el CIN reclamó que se aplicara la sanción. La discusión se centra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen una recomposición salarial para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con el cálculo citado en la causa, la actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
La norma también contempla ajustes mensuales según la evolución de la inflación. En paralelo, la medida cautelar dispone actualizar los recursos destinados a las becas universitarias. Aunque el Gobierno sostuvo que había cumplido con sus obligaciones y presentó argumentos vinculados con los aumentos salariales y las negociaciones gremiales, el magistrado consideró que no se había demostrado el cumplimiento integral de la orden.
La cautelar continúa vigente y había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso extraordinario presentado por el Estado. Mientras tanto, la Cámara debe resolver otra apelación del Gobierno contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios. Esa discusión de fondo no dejó sin efecto la obligación de cumplir con la cautelar sobre salarios y becas.
