La Defensoría del Pueblo rechazó una nueva suba de la luz y cuestionó al ERSEPT
El organismo, encabezado por Agustín Fernández, presentó cerca de 3.600 reclamos de usuarios contra EDET y solicitó que se frene cualquier nuevo incremento tarifario. También cuestionó las condiciones de la consulta pública y pidió que se realice de manera presencial y virtual.
La Defensoría del Pueblo de Tucumán rechazó un nuevo aumento de la tarifa eléctrica solicitado por EDET S.A. y presentó un planteo ante el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), en respuesta a la Resolución N.º 661/26, que abrió un proceso de consulta sobre la revisión extraordinaria del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período de agosto a octubre de 2026.
El organismo, a cargo de Agustín Fernández, fundamentó su postura en el impacto que los incrementos tarifarios tienen sobre la economía de los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Según indicó en su presentación, desde noviembre de 2025 las tarifas eléctricas acumularon una suba cercana al 60%, frente a una inflación del 27% medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese contexto, la Defensoría informó que recibió alrededor de 3.600 consultas y reclamos de usuarios entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, vinculados principalmente con los costos del servicio eléctrico.
Además de oponerse a un nuevo ajuste, el organismo cuestionó el procedimiento de consulta pública impulsado por el ERSEPT, al considerar que existen falencias en materia de información, plazos y difusión. También expresó su desacuerdo con que la participación se realice exclusivamente de manera digital.
Por ese motivo, solicitó que la audiencia pública contemple instancias presenciales y virtuales, con el objetivo de garantizar una mayor participación de los usuarios y facilitar el acceso a la información.
Por su parte, el ERSEPT señaló que la variación de costos registrada fue del 5,04%, por encima del umbral técnico del 3% establecido para habilitar una revisión. Sin embargo, la apertura del procedimiento no implica automáticamente la aplicación de un nuevo aumento, ya que el organismo debe evaluar los planteos y la documentación correspondiente.
La Defensoría insistió en la necesidad de proteger a los usuarios frente a nuevos incrementos y reclamó que cualquier modificación tarifaria se realice con transparencia y garantizando el derecho de participación ciudadana.
