Revelan nuevos detalles sobre la violencia que habría sufrido la mujer que mató a su esposo
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La investigación por el homicidio de Manuel Hipólito Rodríguez, ocurrido en Villa Alem, sumó nuevos elementos sobre la historia familiar y la situación que habría atravesado durante años su esposa, Blanca Susana Argatt, de 79 años.
Según declararon familiares ante los investigadores, Rodríguez habría ejercido violencia física, psicológica y verbal de manera sostenida, no solo contra su esposa sino también contra sus hijos. Además, señalaron que el hombre había sido condenado por un homicidio cometido en el año 2000, por el que habría permanecido cuatro años en prisión y otros dos bajo libertad condicional.
Uno de los hijos relató que durante su infancia decidió alejarse de la vivienda debido a los malos tratos. Según su testimonio, el hombre incluso habría intentado que lo expulsaran del lugar donde había conseguido refugio.
Otro episodio que surgió durante la investigación está relacionado con la muerte de una hija del matrimonio. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez le habría impedido a Argatt acompañarla durante su enfermedad y posteriormente asistir al velorio, debido a supuestos celos hacia el esposo de la mujer.
Por qué nunca denunciaron
Los familiares explicaron que no realizaron denuncias por temor a represalias. Uno de los hijos declaró que su padre los amenazaba con matarlos si acudían a la Policía y que utilizaba como argumento el antecedente del homicidio por el que había sido condenado.
Rodríguez, además, tenía un arma de fuego, que según la investigación habría sido la utilizada para dispararle mientras dormía.
El hecho ocurrió el lunes 7 de septiembre, cuando Argatt habría llamado a sus hijos y les comunicado que había terminado con su problema. Uno de ellos ingresó posteriormente al dormitorio y encontró a su padre muerto.
La situación judicial de Argatt
Hasta el momento, el fiscal Carlos Sale no imputó a Argatt y dispuso que permanezca en la casa de una de sus hijas mientras se define su situación procesal.
La defensa sostiene que el caso podría ser analizado bajo la figura de “legítima defensa extendida”, una doctrina que contempla situaciones de violencia de género sostenida y la existencia de un peligro permanente, incluso cuando la víctima no está siendo atacada en ese instante.
La Justicia deberá determinar ahora si los antecedentes reunidos y los testimonios sobre la violencia sufrida tienen incidencia en la situación procesal de la mujer.
