Imputaron a un policía tucumano que mató a un joven durante un intento de robo a su hija
La Justicia acusó a Gustavo Ignacio Décima por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa de terceros. El hecho ocurrió en febrero, cuando tres personas habrían intentado robar a su hija y su yerno.
La Justicia de Tucumán imputó este lunes al policía Gustavo Ignacio Décima por la muerte de Joaquín Alejandro Romano, de 20 años, ocurrida durante un intento de robo registrado en febrero en San Miguel de Tucumán. El efectivo quedó acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa de terceros, según la formulación realizada por la Unidad Fiscal de Homicidios II.
El episodio se produjo el 12 de febrero de 2026, alrededor de las 23.30, en inmediaciones de calle Venezuela al 1600. Según la investigación, la hija de Décima y su pareja llegaron al lugar en una motocicleta cuando fueron interceptados por tres personas. De acuerdo con la acusación, Romano habría extraído un arma de fuego y apuntado contra la mujer para exigirle la entrega de la motocicleta. En ese momento llegó su padre, quien circulaba detrás de ellos en otra moto. Al advertir la situación, Décima se identificó como policía y dio la voz de alto. Los sospechosos escaparon y se llevaron el bolso de la joven.
El efectivo continuó la persecución mientras su hija y su pareja ingresaban a su domicilio. Según la Fiscalía, posteriormente los sospechosos retomaron su recorrido y fue entonces cuando Décima efectuó tres disparos con su pistola calibre 9 milímetros. Para el Ministerio Público Fiscal, el policía excedió la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, ya que los disparos fueron realizados cuando los presuntos delincuentes se encontraban huyendo.Uno de los proyectiles impactó primero contra una superficie
y modificó su trayectoria.
Luego alcanzó a Romano, quien sufrió graves lesiones en el tórax y murió poco después. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad, entre ellas reglas de conducta durante seis meses. El juez interviniente hizo lugar al pedido y estableció las medidas solicitadas mientras continúa la investigación judicial.
