Nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia y cómo serán las penas para adolescentes
El nuevo sistema comenzará a regir en septiembre y reemplazará la Ley 22.278. Establece un régimen específico para jóvenes de 14 a 18 años, con penas alternativas, seguimiento especializado y hasta 15 años de prisión en los casos más graves.
El nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil entrará en vigencia en septiembre y modificará el sistema que actualmente regula la responsabilidad de los adolescentes
que cometen delitos. La normativa reemplazará a la Ley 22.278 y propone un esquema diferenciado del régimen penal para adultos.
El objetivo es combinar la responsabilidad por los delitos cometidos con herramientas orientadas a la educación, la reparación del daño y la reinserción social.
Uno de los principales cambios es que la prisión dejará de ser la única respuesta posible. El nuevo régimen contempla distintas penas alternativas, que podrán aplicarse de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.
Qué sanciones contempla
Entre las medidas previstas aparecen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para conducir o concurrir a determinados lugares, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
También podrán establecerse obligaciones relacionadas con la educación, la capacitación laboral, actividades deportivas y culturales o tratamientos específicos.
Cada adolescente sometido a estas medidas contará con un supervisor especializado, que tendrá la función de acompañar y controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia.
Cuándo podrá aplicarse una pena de prisión
La privación de la libertad quedará reservada para determinados casos y podrá cumplirse bajo diferentes modalidades, como arresto domiciliario, institutos abiertos
o establecimientos especializados de detención. La nueva legislación establece además que los adolescentes no podrán ser alojados junto a personas adultas. Durante una eventual detención deberán contar con acceso a educación, capacitación laboral y atención médica y psicológica.
Otro punto central es que no se permitirá la prisión perpetua para menores de edad. El máximo de una pena privativa de la libertad será de 15 años.
Alternativas para evitar el juicio
El régimen también incorpora mecanismos destinados a resolver determinados conflictos sin llegar necesariamente a una condena.
Para delitos cuya pena máxima sea de hasta seis años, y cuando se cumplan los requisitos establecidos, podrán utilizarse herramientas como el criterio de oportunidad
y la mediación penal juvenil, con participación de la víctima.
También estará disponible la suspensión del proceso a prueba en determinados casos. Para acceder a este mecanismo, el adolescente podrá asumir obligaciones como reparar
el daño, realizar tareas comunitarias o participar de programas educativos. La nueva normativa, además, amplía la participación de las víctimas, que tendrán derecho a recibir información sobre el proceso, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.
