El Gobierno amplía el bloqueo de celulares en cárceles para frenar delitos y estafas virtuales
El ENACOM habilitó un mecanismo para bloquear IMEI, IMSI y líneas telefónicas de dispositivos móviles detectados dentro de establecimientos penitenciarios federales y de las cárceles provinciales que adhieran al procedimiento.
La medida busca impedir que los internos utilicen celulares para coordinar actividades delictivas desde los penales.
El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas para restringir el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de las cárceles y evitar que estos dispositivos sean utilizados para organizar delitos desde el interior de los establecimientos.
A través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se estableció que las empresas de telefonía deberán bloquear determinados dispositivos y líneas cuando exista
un requerimiento del Ministerio de Seguridad y se cumplan los procedimientos establecidos para los establecimientos penitenciarios. La normativa también alcanza a las cárceles provinciales que adhieran al sistema. El mecanismo contempla el bloqueo del IMEI, que identifica al equipo, del IMSI, asociado al abonado o tarjeta SIM, y de la línea telefónica vinculada. De esta manera, se busca impedir que los dispositivos detectados dentro de las zonas restringidas puedan conectarse a las redes móviles.
La iniciativa apunta principalmente a reforzar la seguridad y dificultar la coordinación de maniobras delictivas desde los penales, una problemática que incluye distintos tipos
de fraudes y delitos cometidos mediante comunicaciones telefónicas. Además, el procedimiento establece que las medidas deben aplicarse de manera proporcional y revisable, evitando que el bloqueo afecte a terceros o interrumpa el servicio de telefonía fuera del ámbito penitenciario.
En los establecimientos donde se implemente el sistema, las autoridades penitenciarias tendrán a su cargo la detección y el seguimiento de los equipos, mientras que las compañías
de telecomunicaciones deberán ejecutar los bloqueos solicitados por las autoridades competentes. La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir el uso de tecnología móvil con fines ilícitos dentro de las cárceles y fortalecer los controles sobre las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.
