Catamarca: denuncian al titular de PAMI por violencia de género, acoso y abuso de autoridad
Una médica de PAMI Catamarca denunció penalmente al titular de la delegación provincial, Iván Rodolfo López, por presuntos hechos de abuso de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional. La profesional, actualmente bajo licencia psiquiátrica por el impacto psicológico que atribuye a la situación denunciada, también pidió que el funcionario sea apartado preventivamente mientras se investigan los hechos.
La presentación penal fue radicada ante la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. En paralelo, la trabajadora formuló una denuncia administrativa ante Ramiro Aguilar, gerente de Recursos Humanos de PAMI en el ámbito nacional, a quien solicitó la apertura urgente de un sumario institucional contra López.
El funcionario se encuentra al frente de la oficina catamarqueña desde marzo de 2024, cuando asumió en reemplazo del fallecido Horacio Almada. Hasta entonces, no era una figura conocida dentro del ámbito político provincial.
En su presentación, la denunciante describió una serie de conductas que, según afirmó, conformaron un mecanismo sostenido de hostigamiento laboral. Sostuvo que se le impidió ejercer derechos básicos y que se restringió su comunicación con autoridades nacionales del organismo.
“Como mecanismo de hostigamiento, se me prohibió verbalmente ejercer derechos laborales básicos, impidiéndome el uso de permisos, ausencias con aviso y horas para trámites personales. También se me prohibió explícitamente comunicarme con las autoridades de Nivel Central de PAMI para realizar consultas operativas”, expresó la médica.
La profesional aseguró que el maltrato laboral y psicológico afectó su salud hasta obligarla a tomar una licencia psiquiátrica. Al finalizar el escrito, reclamó la separación preventiva del denunciado y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, con el propósito de resguardar su integridad y estabilidad laboral.
La denuncia provocó pronunciamientos políticos y partidarios. La presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, y la agrupación Mujeres Radicales Catamarca respaldaron públicamente a la trabajadora y repudiaron los hechos atribuidos al responsable de PAMI en la provincia.
Díaz consideró que las situaciones denunciadas “configuran una violación a los derechos humanos fundamentales” y definió la violencia laboral como una “manifestación directa de inequidad y abuso de poder”. Además, cuestionó que un funcionario pueda aprovechar su “posición jerárquica” y la asimetría existente dentro del organismo para vulnerar o amedrentar a una empleada.
La dirigente vinculó el caso con la situación general de PAMI, institución que, según advirtió, atraviesa un contexto de “deterioro de la gestión y recortes”. Sostuvo que la combinación de esas dificultades con episodios de maltrato repercute directamente sobre la atención destinada a una población especialmente vulnerable, como la de los adultos mayores.
También recordó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el derecho a desempeñarse en un ambiente laboral libre de violencia y acoso. Finalmente, responsabilizó al Gobierno nacional por promover, a su criterio, un escenario favorable a la pérdida de garantías laborales.
“La impunidad para llevar adelante este tipo de acciones se profundiza cuando hay un gobierno nacional que sostiene un discurso antiderechos y promueve reformas laborales que debilitan las protecciones y precarizan el trabajo. Un contexto que invalida derechos solo termina naturalizando e incentivando el abuso de poder”, manifestó Díaz.
Mujeres Radicales Catamarca también expresó su respaldo a la denunciante y remarcó que “las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo no pueden convertirse en herramientas de sometimiento, disciplinamiento o intimidación”. La agrupación añadió que ninguna función o responsabilidad institucional puede utilizarse para hostigar, amedrentar o vulnerar los derechos de una trabajadora.
El espacio reclamó que las presentaciones sean investigadas con “celeridad, seriedad e imparcialidad” y que se garantice a la médica el derecho a ser escuchada y protegida durante todo el proceso. Además, pidió que pueda transitar las instancias administrativas y judiciales sin represalias ni situaciones de revictimización.
“No podemos naturalizar que una mujer deba soportar maltrato, hostigamiento o presiones para conservar su trabajo. Ni violencia, ni acoso, ni abuso de poder. Las mujeres tenemos derecho a trabajar en espacios libres de violencia”, concluyó la agrupación.
La denuncia deberá ser analizada ahora en los ámbitos penal y administrativo. Hasta el momento, el informe no consigna una respuesta pública de López ni una resolución de PAMI nacional sobre el pedido de apartamiento preventivo.
