El FBI retuvo a dirigentes de la AFA en Nueva York y secuestró dispositivos electrónicos en una investigación financiera

La delegación dirigencial de la AFA sufrió una demora antes de regresar a la Argentina luego de que agentes del FBI realizaran un operativo en el aeropuerto John F. Kennedy. Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos deberán declarar en Estados Unidos en el marco de una investigación sobre contratos comerciales internacionales.

El regreso de la delegación argentina tras el Mundial 2026 se vio alterado por un procedimiento llevado adelante por el FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York. El operativo provocó una demora de más de dos horas en la partida del vuelo chárter que trasladaba al plantel y a los dirigentes hacia Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a los dirigentes Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.La medida forma parte de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, que busca esclarecer el manejo de contratos comerciales internacionales vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.

De acuerdo con la documentación judicial, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Además, deberá aportar información relacionada con la empresa Tourprodenter y las comunicaciones mantenidas con los demás dirigentes involucrados.La investigación se centra en el funcionamiento de esa firma, señalada como intermediaria en acuerdos comerciales de la AFA, entre ellos contratos de patrocinio, derechos de televisión y organización de partidos amistosos. Los investigadores intentan reconstruir operaciones financieras que superarían los 300 millones de dólares.

Como parte de la pesquisa, también se analizan movimientos bancarios realizados a través de distintas entidades financieras estadounidenses, con el objetivo de determinar el destino de los fondos y establecer si existieron irregularidades. Por el momento, las medidas adoptadas apuntan a preservar evidencia y no implican imputaciones penales contra los involucrados.