Los nuevos endeudados: repartidores piden préstamos a las apps y ya deben casi 1 millón de pesos en promedio
Un masivo universo de trabajadores pertenecientes a la denominada "economía gig" o de plataformas se incorporó de forma agresiva en el último tiempo al mercado de la deuda para consumo. Se trata de los repartidores de apps de delivery que piden dinero prestado a las mismas empresas para las que realizan los repartos como única vía para subsistir.
Este fenómeno, que funciona por fuera del circuito bancario tradicional debido a que este sector carece de scoring crediticio, fue el eje de un minucioso apartado en el último informe sobre Proveedores No Bancarios de Crédito emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El organismo regulador advirtió que las aplicaciones operan formalmente como dadoras de financiamiento, utilizando la información laboral interna de cada cadete como una garantía prendaria alternativa.
Las cifras oficiales desnudan una expansión geométrica de esta modalidad de financiamiento no convencional. De acuerdo con los técnicos de la autoridad monetaria, la cantidad de deudores de plataformas creció un 122% anual, consolidando una tendencia que ya arrastraba un incremento del 177% en el período previo, según publica Clarín.
El informe estipula que el saldo de deuda para los monotributistas que pedalean para las aplicaciones se ubicó en un promedio per cápita de $900.000. Los denominados "trabajadores independientes" representan el 54% de los tomadores de estas líneas y concentran más del 62% del saldo total otorgado, evidenciando que las plataformas financian de forma directa a su propia fuerza de trabajo. La radiografía oficial destaca, además, que el 70% de esta deuda está concentrada en jóvenes menores de 40 años que se dedican de manera exclusiva a la actividad.
Para determinar quién es elegible para recibir dinero, el algoritmo de las aplicaciones evalúa variables de productividad diaria que los bancos convencionales ignoran: la antigüedad en la app, la tasa de aceptación de viajes y la calificación de los usuarios. Si bien las compañías defienden la operatoria argumentando que los fondos se destinan a la compra o reparación de motocicletas y bicicletas —abriendo la puerta de la inclusión financiera a sectores históricamente postergados—, los trabajadores denuncian condiciones extremas. Desde el sindicato Sitrarepa revelaron que las tasas de interés pueden escalar hasta un 700% anual y que los créditos se otorgan de forma selectiva únicamente a los repartidores que acumulan jornadas laborales extenuantes de entre 10 y 12 horas diarias para cubrir sus gastos fijos.
La ingeniería financiera de las apps garantiza un nivel de cobro asombroso que explica por qué la mora se mantiene contenida. Según datos cruzados de la Central de Deudores del BCRA procesados por la consultora EcoGo, la tasa de irregularidad en firmas líderes como PedidosYa se ubica en un 11,7%, un indicador levemente inferior al del sistema bancario tradicional. La explicación técnica detrás de este comportamiento radica en el mecanismo de cobro: la plataforma descuenta de manera automática el saldo de la cuota directamente de las comisiones que el cadete genera por cada pedido completado, cobrándose en el origen antes de que el dinero llegue a la billetera virtual del trabajador.
El mapa de las empresas dadoras de crédito expone realidades diversas dentro del ecosistema digital. Mientras que firmas de transporte de pasajeros como Uber y Cabify negaron taxativamente contar con líneas de financiamiento propias para sus choferes, PedidosYa confirmó que abrió los préstamos para repartidores, estructurando líneas a seis meses de plazo que bajo ningún concepto pueden superar el 30% de los ingresos mensuales del cadete.
Por su parte, Rappi optó por el silencio institucional ante las consultas, aunque el sector financiero arrojó luz sobre su estrategia: el Banco Galicia oficializó la firma de un convenio con la aplicación de origen colombiano para ofrecer soluciones integrales de pago, financiamiento y bancarización tanto a los repartidores como a los comercios minoristas adheridos, quienes también toman deuda por montos hasta siete veces superiores para sostener sus capitales de trabajo.
