Quienes son los comisarios federales separados de sus cargos por las coimas a tours de contrabando
La investigación por el presunto cobro de sobornos a tours de compras y bagayeros por parte de efectivos de la Policía Federal sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Tras un allanamiento en la sede de la Agencia Regional de la fuerza en Tucumán, la conducción de la institución resolvió pasar a disponibilidad a dos comisarios, mientras ya son siete los policías detenidos en el expediente que instruye la Justicia Federal.
La causa está a cargo del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien impulsó la pesquisa luego de recibir varias denuncias que señalaban que integrantes de la Policía Federal exigían coimas a coordinadores de tours de compras y bagayeros para permitirles atravesar los controles sin inspecciones. Reunidos los primeros elementos de prueba, el fiscal solicitó una serie de medidas que fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Argibay.
El procedimiento que dio origen a las detenciones se concretó durante la madrugada del martes, cuando efectivos de Gendarmería Nacional irrumpieron de manera sorpresiva en el puesto de control investigado. Durante el operativo secuestraron dinero en efectivo y mercadería transportada en un micro que, según la investigación, no había sido sometido a los controles correspondientes.
Como resultado de esas actuaciones quedaron detenidos la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos son tucumanos y prestaban funciones en la provincia.
Fuentes judiciales indicaron que los sospechosos ya fueron indagados. Quienes decidieron declarar rechazaron las acusaciones en su contra y cuestionaron el procedimiento llevado adelante por Gendarmería Nacional, al que atribuyeron supuestas irregularidades.
Además, sostuvieron que la investigación tendría como finalidad desplazar a la Policía Federal del control de la ruta nacional 34, un corredor considerado estratégico por su utilización en maniobras vinculadas al narcotráfico y al contrabando.
En el marco de la profundización de la pesquisa, el juez Argibay ordenó un allanamiento en la base de la Agencia Regional de la Policía Federal en Tucumán. El operativo fue ejecutado por personal de Gendarmería proveniente de Santiago del Estero, que inspeccionó las oficinas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones.
Durante la requisa fueron secuestrados el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, los partes correspondientes a los controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada. Todo ese material será sometido a peritajes con el objetivo de establecer si existieron irregularidades administrativas y determinar si otros integrantes de la fuerza tuvieron algún grado de participación en las maniobras investigadas.
Tras la finalización de esas medidas, la cúpula de la Policía Federal resolvió pasar a disponibilidad a los comisarios Alejandra Felisa Rejas y David Adrián Domínguez. La situación procesal de ambos será evaluada en los próximos días a medida que avance la investigación judicial.
El apartamiento de Rejas generó especial repercusión en los tribunales federales tucumanos. La comisaria es familiar directa del ex guardiacárcel Roberto Rejas, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y el homicidio de su hijo Benicio, cuyos cuerpos nunca fueron hallados.
Además, se desempeñaba al frente del área de la Policía Federal encargada de custodiar a los jueces federales, ejecutar notificaciones judiciales e informar sobre allanamientos y detenciones, una función considerada sensible dentro de la estructura de la fuerza.
