Cómo operaba la red de coimas a tours de contrabando montada por policías federales con asiento en Tucumán
Siete efectivos de la Policía Federal Argentina que prestaban servicios en Tucumán fueron detenidos en el marco de la denominada “Operación Prisma”, una investigación de la Justicia Federal que desarticuló una presunta organización dedicada a exigir sobornos a tours de compras y bagayeros para permitir el traslado de mercadería de contrabando por rutas del NOA. La causa, impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, constituye uno de los procedimientos más importantes de los últimos años contra integrantes de fuerzas de seguridad vinculados a este tipo de maniobras y representa, al menos, el cuarto caso detectado recientemente con características similares.
La investigación comenzó tras una denuncia que señalaba la existencia de un sistema de recaudación ilegal en el puesto de control de Rapelli, localidad santiagueña ubicada cerca del límite con Tucumán. A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal puso en marcha una pesquisa que, por su modalidad, tuvo escasos antecedentes en la región.
Luego de verificar la verosimilitud de la denuncia, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones realizaron intervenciones telefónicas y desplegaron una operación encubierta. Para ello, se infiltraron en un tour de compras haciéndose pasar por pasajeros. Durante el viaje, los coordinadores solicitaron dinero destinado, presuntamente, al pago de coimas para evitar controles, ocasión en la que los investigadores entregaron billetes previamente marcados. Paralelamente, personal de Gendarmería Nacional permaneció apostado en las inmediaciones del destacamento de Rapelli y actuó cuando el colectivo arribó al puesto de control.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron aproximadamente ocho millones de pesos, entre los que se encontraban los billetes marcados utilizados durante la operación, además de teléfonos celulares, el libro de guardia del destacamento y un cuaderno con anotaciones que podría haber sido utilizado para registrar los pagos ilegales.
La pesquisa también permitió reconstruir el presunto esquema de cobro. Según la hipótesis de la Fiscalía, los sobornos estaban tarifados: cada pasajero de un tour de compras debía aportar $100.000; las camionetas abonaban $ 80.000; los utilitarios, $ 50.000; y los automóviles, $ 40.000 para atravesar los controles sin inconvenientes.
Los investigadores advirtieron que esas cifras resultan reducidas en comparación con el valor de la mercadería transportada por el colectivo utilizado como señuelo durante la investigación. De acuerdo con estimaciones de Gendarmería Nacional, la carga secuestrada estaba valuada en alrededor de $ 700 millones.
Las anotaciones encontradas en el cuaderno secuestrado son consideradas una prueba de especial relevancia. Los investigadores creen que no solo podrían robustecer la acusación contra los policías detenidos, sino también permitir identificar a otros efectivos que eventualmente habrían integrado la estructura. En el destacamento de Rapelli prestaba servicios personal de la Policía Federal destinado tanto en Tucumán como en Santiago del Estero.
Por disposición del juez federal de Santiago del Estero fueron arrestados la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos tienen domicilio en Tucumán.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron además que los imputados integraban la División Operativa de la Policía Federal, dependencia que, entre otras funciones, tiene a su cargo la custodia de magistrados federales en la provincia.
La causa se suma a otros expedientes abiertos durante los últimos dos años por presuntos acuerdos entre integrantes de fuerzas federales y bagayeros para facilitar el traslado de mercadería ilegal a cambio de dinero. Hasta ahora, la mayoría de esos casos tenía como principales involucrados a efectivos de Gendarmería Nacional.
Uno de los primeros antecedentes surgió cuando un bagayero investigado por el pago de sobornos ordenó incendiar el depósito donde almacenaba mercadería para impedir que fuera secuestrada por la Justicia.
Posteriormente, el fiscal federal Ricardo Toranzos impulsó otra investigación que concluyó con el procesamiento de varios gendarmes acusados de participar en un mecanismo similar.
Sin embargo, la pesquisa de mayor alcance fue encabezada por el fiscal federal Agustín Chit. A comienzos de 2024 recibió la declaración de una persona que denunció que los organizadores de excursiones exigían a los pasajeros el pago de sumas destinadas a miembros de fuerzas de seguridad para evitar controles. Más adelante, un gendarme aportó información clave sobre la identidad de los efectivos involucrados y la forma en que el dinero era distribuido mediante billeteras virtuales.
Mientras esa investigación avanzaba, en julio de 2024 ocurrió un episodio inédito cuando pasajeros de un tour de compras incendiaron el colectivo en el que viajaban desde Orán hacia Tucumán. Según la hipótesis judicial, intentaron destruir pruebas vinculadas al transporte de drogas luego de que gendarmes decidieran inspeccionar la unidad, pese a que, de acuerdo con distintos testimonios incorporados al expediente, ya habrían recibido dinero para permitir el paso sin controles.
Meses después, un megaoperativo terminó con la detención de gendarmes y civiles acusados de integrar esa organización. La investigación concluyó que se trataba de una red de corrupción con actividad en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Dos años más tarde, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de una docena de gendarmes que prestaban servicios en distintas provincias del NOA. Ese expediente aún permanece a la espera de que se fije la fecha para el juicio oral.
