Agravaron la imputación contra tres de los detenidos por los 470 kilos de cocaína y sólo uno accedió a declarar
La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán avanzó con un endurecimiento de la acusación contra tres de los seis detenidos. La Justicia Federal reformuló los cargos y pasó a imputarlos como coautores funcionales del delito de transporte de estupefacientes. Tras conocer la nueva acusación, únicamente Rodrigo "Icha" Chávez decidió prestar declaración para reiterar su desvinculación del hecho, mientras que los otros dos imputados optaron por guardar silencio.
Los convocados a ampliar su indagatoria fueron Marcos Nacif, quien conducía la Toyota Hilux en la que fue hallado el cargamento de droga; Pablo Abraham Pérez, señalado por la investigación como el presunto organizador de la operación; y Rodrigo Chávez, a quien se le atribuye haber sido el propietario de la camioneta utilizada para el traslado.
Durante la audiencia, los funcionarios judiciales comunicaron a los tres acusados que, a partir de las nuevas evidencias incorporadas al expediente, serían investigados bajo la figura de coautoría funcional en el transporte de estupefacientes. Posteriormente, les exhibieron los distintos elementos probatorios que, según la pesquisa, comprometen su situación procesal.
La figura de la coautoría funcional contempla la participación coordinada de varias personas en la ejecución de un delito mediante aportes considerados esenciales para alcanzar un objetivo común. Desde el punto de vista de la doctrina penal, no resulta necesario que todos los involucrados ejecuten materialmente la conducta principal, sino que basta con que ejerzan un dominio conjunto sobre la maniobra delictiva. En este caso, la reformulación de cargos refuerza la hipótesis de que los tres imputados habrían desempeñado distintos roles logísticos en el traslado de la droga.
Una vez finalizada la exposición de la nueva imputación, el tribunal ofreció a los acusados la posibilidad de prestar declaración. Rodrigo "Icha" Chávez fue el único que aceptó responder preguntas.
Su defensor, Benito Allende, explicó que durante la audiencia se le exhibieron dos licencias de conducir halladas en una de las oficinas pertenecientes a Pablo Abraham Pérez. Según relató el abogado, Chávez reconoció que ambos documentos eran de su propiedad y sostuvo que habían quedado dentro de la camioneta cuando se la entregó a Abraham Pérez como parte de pago por otro vehículo de similares características.
Allende afirmó que la situación procesal de su defendido no sufrió modificaciones sustanciales y recordó que Chávez nunca negó haber sido titular de la Toyota Hilux. Según indicó, desde el inicio de la investigación sostuvo que había transferido el vehículo a Abraham Pérez aproximadamente quince días antes del secuestro de la cocaína. En ese sentido, anticipó que continuará incorporando documentación al expediente para solicitar que se dicte la falta de mérito en favor de su asistido.
La expectativa que existía en torno a una posible declaración de Marcos Nacif finalmente no se concretó. Su nuevo defensor, Javier Lobo Aragón, explicó que la decisión de mantener silencio respondió al agravamiento de la acusación conocido durante la audiencia.
El abogado precisó que asumieron recientemente la representación legal del imputado y que primero analizarán en profundidad el expediente antes de definir una estrategia procesal. No obstante, adelantó que su defendido tiene intención de declarar más adelante porque, según afirmó, "no tiene nada que ocultar".
Por su parte, Pablo Abraham Pérez volvió a ejercer su derecho a no declarar. Se trata de la segunda oportunidad consecutiva en la que decide guardar silencio ante los investigadores. Su abogado defensor, Ernesto García Biagosch, evitó formular declaraciones públicas respecto del avance de la causa.
Con esta reformulación de cargos, la investigación federal profundiza la hipótesis de que los tres acusados habrían tenido una intervención coordinada en la logística del transporte de los 470 kilos de cocaína secuestrados, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y avanzar en el esclarecimiento de una de las causas por narcotráfico más importantes registradas en la provincia.
