“Choclito” Carrizo seguirá detenido por la muerte de Carlos Romano Hardoy, pero con arresto domiciliario

Tucumán y Mundo 18/06/2026 Por
“Choclito” Carrizo seguirá detenido por la muerte de Carlos Romano Hardoy, pero con arresto domiciliario

Mario “Choclito” Carrizo, de 25 años, continuará detenido hasta el 16 de agosto por la muerte de Carlos Romano Hardoy, de 40, ocurrida durante una pelea en Villa Carmela. Sin embargo, cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.


El joven fue acusado de homicidio preterintencional, una figura penal que se aplica cuando el agresor busca causar una lesión, pero termina provocando una muerte que no tenía intención de ocasionar. La calificación legal fue aceptada por la jueza Eliana Gómez Moreira, pese al planteo de la representante de la familia de la víctima, que consideró que el hecho debería investigarse como homicidio simple.


Durante la audiencia, el auxiliar Miguel Fernández, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Sale, explicó que el hecho ocurrió el lunes al mediodía en el barrio El Triángulo I, en Villa Carmela. Según la acusación, Romano Hardoy habría ingresado al lugar presuntamente para comprar drogas y allí se encontró con Carrizo.


En esas circunstancias, ambos comenzaron a discutir. Una testigo declaró que observó cuando el acusado le aplicó un golpe de puño a Romano Hardoy en el sector derecho de la cabeza. La víctima cayó pesadamente al suelo y, cuando llegaron los médicos, confirmaron que ya había fallecido.


Fernández indicó que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el golpe recibido no habría sido suficiente, por sí solo, para provocar la muerte. Sin embargo, aclaró que el desenlace podría haberse agravado debido a que la víctima tenía colocado un implante coclear en esa zona.


El representante del Ministerio Público también señaló que aún restan estudios complementarios para determinar si Romano Hardoy presentaba otro tipo de lesión cerebral que pudiera haber incidido en su fallecimiento.


Por ese motivo, la Fiscalía acusó a Carrizo por homicidio preterintencional. La defensora del acusado, Claudia Ochi, no se opuso a la imputación.


El planteo de la familia de la víctima


La calificación legal fue cuestionada por María José Pérez Valdez, representante de la familia de Romano Hardoy. La abogada sostuvo que era apresurado considerar el caso como un homicidio preterintencional cuando todavía faltan resultados periciales y no se había esclarecido el móvil del hecho.


“No considero prudente que esa sea la acusación. Entiendo que debería investigarse un homicidio simple”, planteó durante la audiencia.


Pérez Valdez también señaló que Carlos tenía problemas de consumo y concurría con frecuencia al lugar para comprar drogas. Además, afirmó que Carrizo lo conocía y sabía que la víctima tenía importantes problemas de salud derivados de un accidente sufrido años atrás.


La jueza Gómez Moreira escuchó los planteos, pero aclaró que no podía analizarlos en esa instancia porque la profesional todavía no había sido formalmente admitida como querellante. Finalmente, aceptó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público.


La discusión por el arresto domiciliario


La Fiscalía solicitó que Carrizo quedara con prisión preventiva por dos meses, con el objetivo de garantizar el normal avance de la investigación.


Fernández argumentó que el acusado se retiró del lugar después de golpear a la víctima y que, cuando personal de Homicidios fue a buscarlo, también intentó alejarse.


“Si bien la acusación formulada corresponde a un delito que prevé una pena de cumplimiento condicional, todavía quedan medidas probatorias por realizar y es necesario asegurar el avance de la investigación”, sostuvo.


La defensa no se opuso al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza hizo lugar parcialmente al planteo y dispuso que Carrizo permanezca detenido hasta el 16 de agosto, pero bajo arresto domiciliario.


La decisión generó un nuevo cruce en la audiencia. Pérez Valdez consultó por qué se había dispuesto esa modalidad si no había sido solicitada ni por la Fiscalía ni por la defensa.


La magistrada respondió que era su obligación controlar las garantías de las personas sometidas a proceso.


La explicación no conformó a la representante de la familia de Romano Hardoy, que adelantó que continuará analizando las actuaciones y evaluando futuras presentaciones dentro del expediente.


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