El caso de los 470 kilos de cocaína golpea cada vez más fuerte a Famaillá
Famaillá quedó bajo la lupa de los investigadores como posible centro de operaciones de la organización que habría estado detrás del traslado de los 470 kilos de cocaína secuestrados hace dos semanas en Tucumán.
Según informó el periodista Gustavo Rodríguez, cuatro de los seis detenidos son oriundos de esa ciudad y los investigadores sospechan que el cargamento pudo haber partido desde ese municipio. Además, horas antes del decomiso, la mayoría de los acusados habría participado de una reunión que ahora es considerada clave para la causa.
El procedimiento que dio origen a la investigación ocurrió hace dos semanas, durante un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la ruta 157. Allí, los efectivos detuvieron una Toyota Hilux y, al revisar la caja del vehículo, encontraron los paquetes con droga. En ese momento fue detenido Marcos Nacif.
A partir de ese operativo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inició una investigación que derivó en nuevas detenciones. Entre los arrestados se encuentran Rodrigo Chávez, señalado como supuesto propietario de la camioneta; Pablo Abraham, empresario y presunto comprador del vehículo; Enrique Santos Cátulo y Ernesto Catulo Chamas, padre e hijo vinculados a una agencia de compra y venta de automóviles de la capital tucumana. En las últimas horas también se confirmó la detención de Matías Díaz, dedicado a la misma actividad comercial.
La declaración que abrió nuevas pistas
Las causas vinculadas al narcotráfico suelen estar rodeadas por un fuerte hermetismo, tanto por la complejidad de las maniobras como por el temor a represalias entre quienes conocen detalles de las organizaciones investigadas.
En este caso, uno de los primeros en declarar fue Nacif, tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente procesado en una causa vinculada al tráfico de drogas en el sur tucumano y en Santiago del Estero.
Tras levantarse el secreto de sumario, trascendió que Nacif aseguró haber sido contratado para trasladar bidones de gasoil hasta un campo ubicado en la localidad de Chicligasta, en el sudeste provincial. Según su versión, debía retirar la camioneta en una estación de servicio y cobrar $50.000 por el trabajo.
El acusado, asistido por el defensor oficial Alfredo Bertini, habría dicho que no podía revelar quién lo contrató porque su vida corría peligro. Su testimonio, que debe ser analizado en su condición de imputado, abrió nuevas líneas investigativas.
Chávez quedó comprometido en la causa porque dentro de la camioneta los gendarmes encontraron una tarjeta verde a su nombre y su documento nacional de identidad. Su defensor, Benito Allende, sostuvo que el vehículo ya no le pertenecía porque lo había entregado a Abraham como parte de pago por otra camioneta de características similares.
Una reunión antes del decomiso
Según fuentes judiciales, Díaz y los Catulo fueron detenidos porque habrían participado de una reunión con Abraham en la estación de servicio desde donde partió la Hilux que luego fue interceptada con la droga.
Ernesto Catulo Chamas, asistido por los abogados Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, declaró y negó cualquier vinculación con el traslado del cargamento. Reconoció el encuentro, pero sostuvo que había ido al lugar para cobrar una suma de dinero que Abraham le adeudaba por la venta de una camioneta.
El acusado también habría aportado un dato considerado relevante por los investigadores: afirmó que Abraham llegó al lugar conduciendo la misma Hilux que después fue utilizada para transportar la cocaína y que luego se retiró en un Volkswagen Gol.
No trascendió oficialmente si Enrique Santos Cátulo fue indagado. El hombre podría solicitar el beneficio del arresto domiciliario debido a su edad y a problemas de salud. En 2017 fue condenado a cuatro años de prisión en la causa contra el clan Ale por maniobras de lavado de activos.
Abraham, defendido por Ernesto García Biagosch, se negó a declarar por el momento.
Las hipótesis que siguen abiertas
Los elementos incorporados en los últimos días permitieron responder algunos interrogantes, pero también abrieron nuevas dudas para los investigadores.
La hipótesis principal sostiene que la droga ingresó a la provincia por vía aérea. Sin embargo, todavía no se pudo determinar con precisión dónde aterrizó la aeronave que habría transportado el cargamento.
En un primer momento se sospechó que el descenso pudo haberse producido en un campo de Catamarca. No obstante, el análisis de los movimientos de los detenidos y del recorrido de la camioneta abrió la posibilidad de que la descarga se hubiera realizado en territorio tucumano.
Una de las pistas apunta a una zona rural de Famaillá. Los investigadores tienen en cuenta que vecinos del lugar denunciaron en reiteradas oportunidades la presencia de vuelos sospechosos durante los últimos meses.
Lo que sí parece haber quedado más claro es que los 470 kilos de cocaína tenían como destino un centro de acopio. En ese contexto, la localidad de Chicligasta aparece ahora como otro punto de interés dentro de la pesquisa.
La investigación continúa y busca reconstruir cada uno de los movimientos realizados antes del secuestro de la droga. La principal incógnita sigue siendo quiénes integraban la estructura logística y quiénes eran los verdaderos destinatarios del cargamento.
