La autopsia será clave para definir el avance de la causa por el crimen que sumió en el terror a Villa Carmela

La investigación por la muerte de Carlos Ezequiel Romano Hardoy, ocurrida el lunes al mediodía en Villa Carmela, ingresó en una etapa clave. El fiscal Carlos Sale aguarda los resultados de la autopsia para determinar si el hecho encuadra en la figura de homicidio preterintencional, una calificación que contempla los casos en los que el agresor busca provocar lesiones, pero termina causando la muerte de la víctima sin haber tenido esa intención inicial.

El episodio se registró en el asentamiento El Triángulo I, donde Romano Hardoy, de 40 años, perdió la vida tras recibir un golpe de puño durante una discusión con Mario Antonio Carrizo, conocido como “Choclito”, de 23 años. Según la reconstrucción preliminar, la víctima había dejado estacionado su vehículo sobre la Ruta 315 y se dirigió hacia el interior del barrio cuando se produjo el encuentro que derivó en el fatal desenlace.

De acuerdo con los investigadores, en medio de una discusión, Carrizo le habría propinado un golpe certero en el rostro. Romano Hardoy cayó violentamente al suelo y ya no volvió a incorporarse. Su fallecimiento se produjo en el lugar.

La pesquisa intenta establecer ahora no sólo las causas exactas de la muerte, sino también el motivo que originó el enfrentamiento. La víctima era una persona ampliamente conocida en Tafí Viejo por dedicarse desde hacía años a la venta ambulante de comidas. Fuentes cercanas a la familia señalaron que atravesaba problemas de adicción y que posiblemente había concurrido al sector para adquirir estupefacientes.

A partir de esa información, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores vincula el crimen con una disputa relacionada con el narcomenudeo.

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Los testimonios recabados en la zona apuntan a que Romano Hardoy habría mantenido una deuda económica con uno de los presuntos vendedores de droga que operan en el barrio. Según esa versión, al no poder saldar el compromiso habría intentado comprar sustancias en otro punto de venta, situación que habría sido advertida por Carrizo, señalado como supuesto colaborador o “soldadito” del proveedor original.

Esa circunstancia habría desencadenado el reclamo y posteriormente la discusión que terminó con la muerte del hombre. Sin embargo, la hipótesis aún se encuentra bajo análisis y forma parte de las líneas investigativas abiertas por la fiscalía.

El clima de temor que impera en el barrio dificulta el avance de la investigación. Muchos vecinos prefieren no brindar declaraciones por miedo a represalias. “Acá todos sabemos lo que pasa, pero nadie quiere hablar porque después puede tener problemas”, expresó una residente del sector al referirse a la situación que se vive en la zona.

Ante los indicios surgidos durante la investigación, el fiscal Sale evalúa remitir copia de las actuaciones a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo para que determine si corresponde abrir una pesquisa específica por presuntas actividades de comercialización de drogas en ese sector de Villa Carmela.

Habitantes de la zona también reclamaron una mayor intervención estatal frente a los problemas vinculados al narcotráfico. “Ahora todos hablan porque hubo una muerte, pero hace tiempo que se denuncia la venta de drogas. Es triste que tenga que ocurrir una tragedia para que alguien actúe”, manifestó otro habitante de la zona, quien tiene familiares residentes en el barrio.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal concentra sus esfuerzos en determinar si la muerte fue consecuencia directa del golpe o si existieron otros factores que agravaron las lesiones. En ese sentido, los investigadores analizan una serie de circunstancias particulares.

Romano Hardoy tenía colocado un implante coclear, condición que podría haber influido en la gravedad de las lesiones sufridas tras la agresión.

También se evalúa el impacto que pudieron tener las características del lugar donde ocurrió el hecho. Las calles del asentamiento son de ripio y carecen de cordón cuneta, por lo que la caída posterior al golpe pudo haber provocado traumatismos adicionales de importancia.

La autopsia deberá establecer con precisión qué lesiones causaron el fallecimiento y si la muerte se produjo exclusivamente por el golpe recibido o por las consecuencias derivadas de la caída.

La figura de homicidio preterintencional prevista por la legislación argentina se aplica cuando una persona tiene la intención de causar un daño físico, pero el resultado termina siendo más grave de lo previsto y deriva en la muerte de la víctima. Para que esta calificación sea considerada, el medio utilizado no debe ser razonablemente apto para provocar la muerte, como podría ocurrir con un único golpe de puño.

En caso de que la causa sea encuadrada bajo esa figura penal, la ley prevé penas de entre uno y tres años de prisión, lo que podría derivar en una condena de cumplimiento condicional. No obstante, la definición final dependerá de los resultados de las pericias forenses y de los elementos probatorios que logre reunir la fiscalía en los próximos días.