Fuertes cuestionamientos a Mario Leito por la desafectación de una calle en San Pablo en favor del Grupo Lucci: piden que la ley no se promulgue
La decisión de la Legislatura de Tucumán de desafectar del dominio público un terreno donde estaba proyectada una calle entre las comunas de San Pablo y El Manantial generó fuertes cuestionamientos en ámbitos académicos y urbanísticos. Especialistas en planificación territorial advirtieron que la medida refleja problemas estructurales en la gestión urbana del área metropolitana y podría favorecer intereses privados del Grupo Lucci en detrimento del interés colectivo, la conectividad futura y la integración social.
La iniciativa fue aprobada por mayoría durante la última sesión legislativa, aunque aún resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. El proyecto contempla la desafectación de una franja de aproximadamente 650 metros de largo por 10 metros de ancho ubicada en una zona que históricamente estuvo ocupada por plantaciones y que en los últimos años comenzó a experimentar un fuerte crecimiento de desarrollos inmobiliarios privados.
Según explicó el legislador Mario Leito, impulsor de la propuesta, el espacio había sido reservado catastralmente para una calle, pero nunca llegó a cumplir esa función. Sin embargo, durante el debate legislativo surgieron voces críticas. Entre ellas, el legislador opositor Manuel Courel alertó que ese corredor podría representar la única vía de escape disponible a lo largo de casi 2,5 kilómetros de urbanizaciones cerradas emplazadas entre las rutas provinciales 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.
Las objeciones más severas provinieron del ámbito académico. La arquitecta Marta Casares, especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente e integrante de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat), sostuvo que la medida no puede interpretarse como una simple decisión administrativa.
A su criterio, el caso evidencia una problemática recurrente en el modelo de desarrollo urbano tucumano. “La urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde, limitándose muchas veces a negociar o convalidar hechos consumados”, señaló.
Casares afirmó que el terreno en cuestión no constituye un remanente sin valor estratégico, sino una reserva pública de conectividad ubicada en uno de los sectores con mayor presión inmobiliaria del área metropolitana. Desde esa perspectiva, calificó la decisión como regresiva, ya que transforma un espacio destinado a futuras conexiones urbanas en un activo susceptible de ser utilizado para operaciones privadas o compensatorias.
La doctora en Arquitectura María Paula Llomparte Frenzel, investigadora del Conicet, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y vecina de San Pablo, coincidió en que el debate trasciende ampliamente el caso puntual.
Según expresó, la discusión permite analizar los profundos cambios que atraviesan actualmente los territorios urbano-rurales del área metropolitana y las consecuencias que esos procesos generan sobre la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
La especialista consideró indispensable que toda planificación territorial priorice el interés colectivo por encima de intereses particulares y advirtió sobre la falta de una estrategia integral para ordenar el crecimiento urbano. En ese sentido, sostuvo que la expansión de barrios privados requiere una mirada metropolitana que permita anticipar su integración con la estructura urbana existente.
A su entender, la eventual cesión de la calle podría consolidar nuevas barreras físicas y funcionales, profundizando fenómenos de fragmentación territorial y social.
Para Casares, el aspecto central del debate no radica en si la calle existe físicamente en la actualidad, sino en la posibilidad de que el Estado conserve o pierda la capacidad de habilitarla en el futuro. “Las trazas públicas tienen valor no solo por su utilización presente, sino por la función estructurante que pueden cumplir dentro de la red urbana futura”, explicó.
La especialista también cuestionó que, aun cuando existan objetivos sociales vinculados a regularizaciones dominiales, estos no deberían concretarse mediante la pérdida definitiva de espacios estratégicos para la conectividad metropolitana.
Durante el debate parlamentario, Leito argumentó que unas 80 familias —50 de Ohuanta y 30 de El Manantial— podrían beneficiarse con la desafectación al acceder a la regularización de sus tierras y eventualmente obtener títulos de propiedad.
Asimismo, indicó que se prevé la firma de un convenio con la empresa Citrusvil para la cesión de terrenos en compensación. Sin embargo, dicho acuerdo no figura expresamente en el proyecto aprobado y hasta el momento no fue formalizado, aunque desde distintos sectores se mencionaron avances preliminares en esa dirección.
Fuentes legislativas oficialistas señalaron además que la iniciativa llegó al recinto con el aval previo del Poder Ejecutivo provincial.
Otro de los aspectos observados por Llomparte Frenzel es el modelo de movilidad que se consolida en la zona. La urbanista cuestionó que las transformaciones urbanas continúen diseñándose principalmente para el uso del automóvil particular, relegando alternativas como el transporte público, la circulación peatonal o el uso de bicicletas.
La investigadora también alertó sobre procesos que definió como “gentrificación verde”, mediante los cuales áreas ambientalmente valiosas, como el pedemonte tucumano, son valorizadas por el mercado inmobiliario y convertidas en espacios exclusivos.
Según explicó, muchos de estos emprendimientos se presentan bajo discursos de sustentabilidad, aunque en la práctica promueven ocupaciones territoriales de alto impacto, caracterizadas por extensos lotes por vivienda, desmontes, elevado consumo de agua para riego de espacios verdes y campos de golf, además de una fuerte dependencia del automóvil.
La especialista advirtió que estas dinámicas pueden derivar en procesos de exclusión o desplazamiento de poblaciones que históricamente habitaron esos territorios y profundizar desigualdades existentes.
Mientras se multiplican los barrios privados, señaló, persisten sectores que continúan enfrentando déficits de infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios públicos.
Por su parte, Casares también observó una contradicción entre esta iniciativa y las políticas impulsadas recientemente por el Gobierno provincial para proteger el patrimonio inmobiliario estatal. En ese sentido recordó la creación del Procedimiento de Autotutela Administrativa de Inmuebles del Estado y del Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado Provincial, establecidos mediante los decretos 3664 y 3665 de 2025.
“La protección del patrimonio público no puede ser selectiva. Debe resguardar tanto frente a ocupaciones informales como frente a apropiaciones funcionales promovidas por actores con mayor capacidad económica”, sostuvo.
Finalmente, la especialista fue categórica al recomendar que el Ejecutivo no avance con la promulgación de la norma. A su juicio, la iniciativa carece de coherencia con una política territorial integral, debilita la estructura pública del territorio, limita posibilidades futuras de conectividad, profundiza la fragmentación urbana y carece de una mirada metropolitana.
“No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”, concluyó.
