Caso testigo: la historia de la avioneta con 364 kilos de cocaína que cayó en el límite entre Salta y Tucumán
La caída de una avioneta cargada con cocaína en el paraje Antillas, en Rosario de la Frontera, a apenas 50 kilómetros del límite con Tucumán, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino. El episodio, ocurrido el 4 de noviembre del año pasado, expuso con crudeza la magnitud de los vuelos clandestinos utilizados por organizaciones criminales y dejó al descubierto las debilidades de los controles aéreos en la región.
Todo comenzó cerca del mediodía, cuando vecinos alertaron sobre un incidente protagonizado por una aeronave en una zona rural de Antillas. Al arribar al lugar, efectivos de Gendarmería Nacional encontraron una escena que evidenciaba una compleja operación narco: una avioneta abandonada, un automóvil incendiado y 136 kilos de cocaína dispersos en el área.
La investigación avanzó rápidamente y, horas después, gracias a nuevos rastrillajes y a la información aportada por uno de los involucrados, los uniformados localizaron otros 228 kilos de cocaína enterrados en las inmediaciones. El resultado final fue el secuestro de 364 kilos de droga, uno de los decomisos más importantes registrados en la zona.
La causa permitió desarticular parte de la estructura logística detrás del cargamento. La Justicia Federal de Salta logró detener a cinco personas. El primero fue Julio Mansilla, propietario del automóvil hallado en el lugar, quien intentó desvincularse del hecho denunciando en una comisaría que el vehículo había sido robado.
Posteriormente fueron arrestados en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera los ciudadanos bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, señalados como los pilotos de la aeronave. Más tarde también fueron capturados Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar. Todos fueron procesados y permanecen con prisión preventiva.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína llevaban estampado el sello “Prada”, una marca que distintas investigaciones internacionales vinculan al cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. Ninguno de los detenidos aportó información sobre el verdadero propietario del cargamento ni sobre su destino final.
El fiscal federal Ricardo Toranzos explicó que este tipo de organizaciones suele reclutar personas vulnerables y sin antecedentes para reducir riesgos y dificultar el rastreo de las estructuras superiores. En la misma línea, el defensor Aníbal Paz sostuvo que existe un aprovechamiento de las condiciones sociales, económicas y culturales para captar jóvenes que muchas veces desconocen las consecuencias de involucrarse con el crimen organizado.
La investigación también puso en evidencia las demoras en la respuesta operativa frente a los denominados casos de Tráfico Aéreo Irregular (TAI). Aunque los primeros reportes vecinales habrían sido realizados alrededor de las 12 del mediodía, las actuaciones oficiales indican que recién a las 14.20 los gendarmes destacados en el puesto El Naranjo recibieron la información y las coordenadas del hecho.
Una hora después, a las 15.20, la fiscalía autorizó el desplazamiento hacia el lugar y recién a las 16 los efectivos arribaron al campo donde se había accidentado la aeronave. Ese margen temporal permitió a los involucrados ocultar parte de la carga. De hecho, uno de los detenidos terminó revelando dónde habían enterrado los 228 kilos de cocaína recuperados posteriormente.
Otro aspecto relevante de la causa fue la elección del lugar de aterrizaje. Según la pesquisa, la organización había planificado descender en un campo ubicado en Antillas. Sin embargo, un error del piloto provocó un accidente que terminó exponiendo toda la maniobra.
Las actuaciones judiciales determinaron que la finca donde cayó la aeronave pertenecía al productor salteño Mario Oscar Luque, aunque desde febrero de 2025 estaba alquilada a Ángel Adrián Ladewski, quien tendría vínculos familiares con el dirigente político y empresario agropecuario Alfredo Olmedo.
La utilización de establecimientos rurales como puntos de aterrizaje no sorprendió a los referentes del sector agropecuario. Hace más de dos años, integrantes tucumanos del Foro Argentino de Seguridad Rural habían advertido sobre la presencia de vuelos rasantes y el uso de caminos internos de campos para el descenso de aeronaves vinculadas al narcotráfico. Además de los riesgos legales y de seguridad, productores denunciaron daños en cultivos y cercos ocasionados por estas operaciones clandestinas.
La aeronave utilizada por los narcotraficantes era una Cessna 210, un modelo que en los últimos años se convirtió en uno de los preferidos por las organizaciones criminales debido a su autonomía y capacidad de operación. Según consta en el expediente, tenía matrícula y bandera boliviana. También se comprobó que la tripulación disponía de tecnología avanzada, entre ella una antena Starlink que les permitía mantener comunicación constante con quienes aguardaban la llegada de la carga en tierra.
Uno de los mayores interrogantes de la causa continúa siendo el destino final de la cocaína. Sin embargo, los investigadores encontraron un indicio significativo días antes del accidente. Una persona se presentó en la comisaría de Metán para denunciar que tres jóvenes de Antillas estarían involucrados en el tráfico de cocaína.
Según esa declaración, la droga llegaba desde distintos puntos de Salta en bolsas de arpillera, era acondicionada en Rosario de la Frontera y posteriormente cargada en camiones transportadores de soja con destino a Córdoba y Buenos Aires. Los sospechosos mencionados en esa denuncia terminaron detenidos tras la caída de la avioneta, fortaleciendo la hipótesis de que las maniobras de traslado se venían desarrollando desde hacía tiempo.
El impacto del caso trascendió el ámbito judicial y llegó al plano político. A raíz de este procedimiento, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, planteó la necesidad de colaborar con el Gobierno nacional para incorporar tecnología destinada al control de los cielos del norte argentino.
La iniciativa fue acompañada por otros mandatarios provinciales del NOA, quienes solicitaron a las autoridades nacionales avanzar con un sistema integral de radarización que permita detectar y monitorear vuelos clandestinos. El planteo fue elevado a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y desde entonces las provincias esperan una respuesta concreta sobre la implementación de herramientas tecnológicas que permitan enfrentar una modalidad del narcotráfico que no deja de expandirse en la región.
