Imputaron a diez vecinas de Graneros por amenazas a la intendenta durante un reclamo por las inundaciones
Diez vecinas de la ciudad de Graneros fueron imputadas por el delito de amenazas simples en calidad de coautoras, en el marco de una causa judicial iniciada tras un episodio ocurrido durante una protesta vinculada a los reclamos por las inundaciones que afectaron distintos barrios de esa localidad del sur tucumano.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, y por su madre, María Alejandra Cejas. Según la presentación judicial, ambas habrían sido interceptadas por un grupo de mujeres cuando se retiraban de una ceremonia religiosa realizada el 28 de abril, al cumplirse un mes del fallecimiento de un familiar.
De acuerdo con la denuncia, las mujeres habrían impedido durante varios minutos la circulación del vehículo en el que se trasladaban las denunciantes y habrían proferido amenazas contra su integridad física y contra su vivienda. También se consignó que la situación se extendió hasta la intervención de efectivos policiales.
Durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Concepción, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra las diez vecinas y solicitó medidas de coerción de menor intensidad para garantizar el desarrollo de la investigación.
Las acusadas rechazaron los cargos durante la audiencia. Algunas de ellas declararon que la movilización tuvo como finalidad reclamar asistencia para familias afectadas por las inundaciones registradas en los barrios Buenos Aires y Santa Rita. También señalaron que buscaban entregar una nota y mantener una reunión con autoridades municipales.
La defensa de nueve de las imputadas estuvo a cargo de la abogada Tania Pamela Visintini, quien planteó cuestionamientos respecto de la formulación de cargos al considerar que no se encontraba individualizada la conducta atribuida a cada una de las acusadas. Según se informó durante la audiencia, el juez solicitó que la fiscalía precise la participación que habría tenido cada imputada en los hechos investigados.
Tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Martín Cacici resolvió que la investigación continúe y dispuso medidas de coerción de menor intensidad para las diez mujeres. Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la obligación de permanecer a disposición de la Justicia, someterse al proceso y cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con las denunciantes por cualquier medio.
La restricción fue fijada en un radio de 200 metros y tendrá una duración de seis meses.
Asimismo, el magistrado autorizó a las partes a continuar incorporando pruebas, entre ellas testimonios, registros audiovisuales y otros elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado.
La causa permanecerá en etapa investigativa mientras el Ministerio Público Fiscal y la defensa avanzan con la producción de pruebas para establecer si existieron las amenazas denunciadas y determinar las eventuales responsabilidades de las personas imputadas.
